Memoria histórica ¿europea o española?

Spain is different.

La infausta ley de Memoria histórica de Zapatero no fue derogada por quien tuvo, en su día, la facultad de hacerlo (el indolente Rajoy), y hoy amenaza con entrar en vigor una de memoria "democrática" (!) todavía más infausta y sectaria. Pues bien, el dieciocho de septiembre de 2019, el Parlamento europeo aprobó una resolución común sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro del continente, que condena expresamente los crímenes cometidos por los comunistas en toda Europa. Su aprobación apenas tuvo eco en los medios de comunicación españoles, salvo en los de la extrema izquierda, claro está, que la repudiaron tratándola de escandalosa.

La resolución considera que "deben mantenerse vivos los recuerdos del trágico pasado de Europa, con el fin de honrar la memoria de las víctimas, condenar a los autores y establecer las bases para una reconciliación basada en la verdad y la memoria". Además, pide a todos los Estados miembros de la Unión que hagan una evaluación clara y basada en principios de los crímenes y los actos de agresión perpetrados por los regímenes comunistas exhortando "a todos los Estados miembros que celebren el 23 de agosto como Día Europeo Conmemorativo de las Víctimas del Estalinismo y del Nazismo a escala tanto nacional como de la Unión", además de señalar que en algunos Estados miembros, incluido el nuestro, siguen existiendo en espacios públicos monumentos y lugares conmemorativos que ensalzan los regímenes comunistas.

Como ha señalado entre nosotros el historiador Guillermo Rocafort, el planteamiento contenido en dicha resolución según el cual las actuales autoridades rusas no han reconocido los crímenes del comunismo no es de recibo: prueba de ello es que, en 2018, el Presidente Vladimir Putin inauguró el monumento al escritor Aleksandr Solzhenitsyn, rindiendo así homenaje al mayor crítico del régimen comunista dentro de la Rusia soviética y destacando su auténtico y leal patriotismo.

El impacto que esta resolución ha tenido en España ha sido prácticamente nulo. Nuestros grandes medios de comunicación, enfeudados a través del mecanismo de las subvenciones y encanallados por periodistas venales y mediocres, la han silenciado. Tampoco los partidos de centro y derecha se han movilizado en favor de su cumplimiento, aún cuando contiene declaraciones históricas contundentes e insta a los Estados miembros, incluida España, claro está, a que adopten medidas relacionadas con tales declaraciones: no en vano el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que las jurisdicciones nacionales deben tener en cuenta este tipo de declaraciones al interpretar sus disposiciones nacionales para asegurar su puesta en práctica, lo que permitiría claramente la aplicación de la Ley de la memoria histórica en España a aquellas personas del Frente Popular de ideología socialista y comunista que cometieron execrables crímenes y acabaron provocando la guerra civil; también para solicitar la retirada de múltiples símbolos relacionados con ese periodo. Como de costumbre, en un ejercicio nada infrecuente de cobardía y pusilanimidad, nuestra derecha se muestra tímida y acomplejada a la hora de defender valores y derogar normas vejatorias y sectarias de las que puede acabar siendo víctima.

Está, por tanto, por ver si determinados partidos defenderán en sede parlamentaria -y si es preciso en los tribunales- la necesidad de que nuestra legislación no acabe siendo frontalmente opuesta a la que propugna la mencionada resolución del Parlamento europeo de 2019. Inútil añadir que lo dudo.