Ley de reforma de la ley de seguridad ciudadana: agenda legislativa revolucionaria

Adam Smith afirmó que "para conducir a un Estado del más bajo grado de barbarie al más alto grado de opulencia se necesita poco más que paz, impuestos moderados y una administración de justicia tolerable: del resto se encarga el curso natural de los acontecimientos". Es sabido que en España ni la administración de justicia es tolerable ni los impuestos son moderados. Queda pues, la paz.

Pues bien, en lo que a la paz respecta, el anteproyecto de ley de reforma de la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana constituye una operación revolucionaria clásica que consiste en ir neutralizando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para, una vez asaltado éste, dotarlas de poderes únicamente sujetos al arbitrio de los que han secuestrado la voluntad popular. Ya sucedió en Rusia en 1917, con la relativa atenuante de no haber precedentes. En el caso español y habiéndolos, socialistas y comunistas y gentes de similar ralea tratan de ponerse la venda antes de la herida que podría suponer la pérdida de confianza de un electorado cada vez más encrespado por la grave crisis económica que no ha hecho más de empezar en unas próximas elecciones generales, si es que llegan a celebrarse.

Todos los sindicatos policiales han dado la voz de alarma y denunciado la indefensión a la que se verán abocados sus miembros con grave riesgo para su integridad física si el anteproyecto acaba convirtiéndose en ley.

En su conjunto, se trata de medidas tendentes a socavar la seguridad ciudadana más que a protegerla.

Así, con una media de 30 agresiones diarias, ya no constituirá infracción grabar a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Además, las manifestaciones "espontáneas" (!) no tendrán que ser comunicadas previamente, algo que choca frontalmente con lo que preceptúa el artículo 21.2 de la Constitución española ("En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes") y es, por tanto, claramente inconstitucional.

Por otra parte, las personas que se nieguen a identificarse sólo podrán ser retenidas dos horas y no seis como hasta ahora, con la humillación añadida de que, en adelante, los agentes estarán obligados a devolverlas al lugar de su detención, lo que les convertirá en taxistas forzados y, para colmo, sin remuneración. 

También decaerá la presunción de veracidad de los atestados policiales, lo que, según los sindicatos policiales, los dotará en adelante de "presunción de culpabilidad". 

El anteproyecto contiene algunos otros despropósitos, todos ellos tendentes a desproteger al protector y proteger al alborotador, lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que la ultima ratio de la reforma es allanar el camino a un proyecto revolucionario iniciado hace dos años que, paso a paso, sin pausa pero cada vez con más prisa, amenaza con destruir los cimientos del moribundo sistema de monarquía parlamentaria aún vigente.

Mientras tanto el trío de "hestadistas" que desgobierna al principal partido de la oposición se dedica a atacar a quienes pueden propiciar su acceso al poder, ya sean éstos de su propias filas o de las del partido del que necesariamente dependerá tal acceso. Confieso que me resulta incomprensible a menos que ese trío de genios de provincia se proponga pactar una gran coalición con quien les llevará al huerto merecidamente una vez más.