Sobre la memoria "democrática"

Este viernes pasado entró en vigor la antidemocrática ley 20/2022, de 19 de octubre, llamada de "memoria democrática".

El preámbulo es de una cursilería e inanidad inenarrables. "El impulso de las políticas de memoria democrática se ha convertido en un deber moral que es indispensable fortalecer para neutralizar el olvido y evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia. El firme compromiso con la pedagogía del "nunca más" se ha convertido en un imperativo ético fundamental en las sociedades democráticas en todo el mundo." ... "El despliegue de la memoria es especialmente importante en la constitución de identidades individuales y colectivas, porque su enorme potencial de cohesión es equiparable a su capacidad de generación de exclusión, diferencia y enfrentamiento." ... "La memoria se convierte así en un elemento decisivo para fomentar formas de ciudadanía abiertas, inclusivas y plurales, plenamente conscientes de su propia historia, capaces de detectar y desactivar las derivas totalitarias o antidemocráticas que crecen en su seno." ... "En este deber de memoria se inscribe la disposición adicional undécima como reconocimiento institucional y moral de la sociedad democrática a la justa demanda de verdad que reivindican los afectados por la polio, efectos tardíos de la polio y post-polio, que sufrieron las consecuencias de decisiones, carentes de cualquier mecanismo de transparencia o control social y democrático, de un régimen dictatorial que tenía el deber legal de actuación y las competencias necesarias para hacer frente a la pandemia" ... "V. La norma proyectada se adecua a los principios de buena regulación de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, contemplados en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.". Etc. 

Además, y como es ya costumbre, uno de sus bloques se dedica a describir pormenorizadamente el contenido de la ley, un ejercicio innecesario por cuanto se limita a ir reproduciendo las normas que contiene.

El artículo tercero, titulado "Víctimas" enumera tal cantidad de víctimas que parece imposible que el régimen franquista durara lo que duró porque no debió dejar títere con cabeza. En particular, señalo que "3.6. Se consideran víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos, cuyos hablantes fueron perseguidos por hacer uso de estas.

4.4. Se reconoce la política de persecución y represión contra las lenguas y culturas catalana, gallega, vasca, aragonesa, occitana y asturiana perpetradas por el régimen dictatorial franquista durante el periodo de guerra, así como en las décadas posteriores de dictadura". Echo de menos la fabla, el chapurreado, el bable, la sala, el tamazigh y el caló, pero todo se andará.

No puede faltar la chapuza legislativa habitual: la disposición final primera de la ley perpetrada dice añadir un número dos bis al artículo 20 del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, pero ya la ley 15/2022, del pasado 12 de julio lo añadió referido a los delitos de odio y discriminación. Ahora el redundante dos bis se refiere a "derechos humanos y memoria democrática".

La disposición adicional undécima es indescriptible y la reproduzco a continuación: "DA11 Reconocimiento a las personas afectadas por el poliovirus durante la dictadura franquista.

En reconocimiento del sufrimiento padecido por las personas que fueron afectadas por el poliovirus durante la pandemia que asoló a España a partir de los años cincuenta del siglo XX, el Gobierno promoverá investigaciones y estudios que esclarezcan la verdad de lo acaecido respecto de la expansión de la epidemia durante la dictadura franquista, así como las medidas de carácter sanitario y social en favor de las personas afectadas por la polio, efectos tardíos de la polio y post-polio, que posibiliten su calidad de vida, contando con la participación de las entidades representativas de los afectados sobrevivientes a la polio".

Tampoco tiene desperdicio la duodécima: "DA12 Comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España.

En el plazo de seis meses, y a propuesta de la persona titular del departamento competente en materia de memoria democrática, se constituirá una comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España, que deberá elaborar un informe sobre las medidas para aplicar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en lo relacionado con la situación histórica del pueblo gitano en España. En todo caso, se garantizará la participación del Consejo de la Memoria Democrática, del conjunto de las administraciones públicas y de las asociaciones y organizaciones representativas del pueblo gitano de ámbito estatal, a través del Consejo Estatal del Pueblo Gitano".

Como es lógico, echo de menos una referencia a los estragos provocados por la dictadura franquista en la propagación del cáncer de mama, la hipertensión, la sordera, las purgaciones y las ladillas, estragos que la ley ha omitido, sin duda por descuido.

Una de las contradicciones flagrantes de la ley es que castiga duramente con multas de entre 10.001 y 150.000 euros cualquier acto de exaltación del franquismo y, sin embargo, los famosos ongi etorri o cualquier acto de exaltación a un etarra seguirán saliendo gratis a sus promotores y participantes porque el Gobierno se comprometió en 2018 a reformar la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y más de cuatro años después no lo ha hecho.

Además, la Ley estará presente en las aulas desde el próximo curso, puesto que la misma obliga a "la actualización de los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato", como también los libros de texto. Traducción: desde los 12 años los niños y adolescentes españoles serán instruidos en "el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas". No será una asignatura en sí como la polémica Educación para la Ciudadanía de Zapatero, sino que impregnará varias. Entre ellas, Educación en valores Cívicos y Éticos y Geografía e Historia (!).

La normativa que entró en vigor este viernes pasado también faculta a las administraciones para autorizar la ocupación temporal de terrenos de propiedad privada en los que haya indicios –que no evidencias– de que pudieran existir restos humanos. Aunque el propietario se niegue. Y sin especificar límite de tiempo. La administración en cuestión puede invocar la Ley de Expropiación Forzosa.

En resumen, se trata de una norma que pretende cambiar el pasado, pero ya señaló Agathón en el siglo V antes de Cristo que "Ni siquiera Dios puede cambiar el pasado".