Crisis institucional

Tras publicar el martes y miércoles pasados en este blog unos artículos en los que ponía en tela de juicio ese falso axioma según el cual Su Majestad el Rey no tiene más remedio que firmar los indultos a varios delincuentes separatistas catalanes, recibí varios análisis coincidentes con mi planteamiento: uno de un magistrado del Tribunal Supremo y dos de abogados del Estado, ambos números uno de sus respectivas promociones. También mi amigo, compañero y antiguo superior el embajador José Antonio de Yturriaga ha publicado un extenso artículo, más completo y documentado que el mío, en el que ha tenido la amabilidad de mencionar lo que considera "una sutil interpretación jurídica del embajador Cardona que comparto en buena medida".

Tras la lectura de esos cuatro textos, emanados de juristas de mucha mayor entidad que la mía, el planteamiento teórico del tema se me antoja cada vez más claro: no se puede equiparar la obligación del Rey de expedir los decretos una vez adoptados en Consejo de Ministros (artículo 62 f de la Constitución española) con el libre ejercicio de una de las facultades que le confiere dicho texto legal (artículos 62 i) y 102.3).

Así las cosas y desde un punto de vista ya no jurídico, no hay duda de que a Su Majestad se le plantea un dilema de gran envergadura por cuanto, haga lo que haga, recibirá ataques feroces o críticas más o menos radicales. Si se pliega a los designios del ocupante de la Moncloa, será acusado de ser una mera figura decorativa sin la menor relevancia institucional. Si, por el contrario, ejerce una de las funciones que la Constitución le confiere "creará", se dice, una crisis institucional sin precedentes. A esta tesis falaz me gustaría contraponer la siguiente: España está padeciendo ya una crisis institucional de incalculable envergadura: comunistas, en algún caso ni siquiera camuflados bajo otras siglas, con escaso apoyo parlamentario, forman ya parte del Gobierno y no dejan de exteriorizar su hostilidad a la monarquía constitucional y su deslealtad profunda al Titular de la Corona, pese a que es Éste el que tiene el respaldo de las tres cuartas partes de quienes han sido encuestados sobre el grado de aceptación de la Corona. Ya se sabe que es característico de los regímenes totalitarios en general y de los comunistas en particular el tratar de imponer sus siniestros proyectos políticos minoritarios a una mayoría. 

El artículo 56.1 de la Constitución española establece que "El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones ..." y el 62 g) que le corresponde "ser informado de los asuntos de Estado". Por eso entiendo, desde mi más firme y profunda lealtad, que tal vez fuera conveniente que, una vez adoptados los indultos, Su Majestad pudiera ejercitar Su función arbitral y moderadora y fuera informado de ese "asunto de Estado", para lo cual quizá conviniese que oyera en primer lugar al Ministro de Justicia refrendario, acto seguido a la Fiscal general del Estado y posteriormente a las presidentas de las Cámaras, a los Presidentes de los Tribunales Supremo y Constitucional y a la Presidenta del Consejo de Estado. Como no existe plazo para una eventual firma de los decretos de indulto, lo anterior es perfectamente factible y permitiría poner de relieve que Su Majestad pretende utilizar todos los mecanismos constitucionales a Su alcance para asesorarse debidamente antes de tomar una decisión de tanta trascendencia, ejerciendo esa función política moderadora y arbitral a la que alude el art. 56.1 de la Constitución. El papel del Rey es, en este sentido, de una extraordinaria relevancia.

Por todo lo anterior, creo que Su Majestad tal vez haría bien en gestionar esta crisis constitucional ya provocada por el Gobierno, sabiendo, como sabe, que tendrá el respaldo mayoritario de la opinión pública. En caso contrario, me aventuro a pensar que podría correr el riesgo de poner en cuestión, a medio plazo, la utilidad de la institución monárquica.

El valiente  y trascendental discurso del Rey del tres de octubre de 2017 tras el intento de golpe separatista en Cataluña se enmarcó en esta línea y sirvió para mucho: para confirmar la hostilidad activa de separatistas, comunistas, terroristas y demás ralea pero, sobre todo, para confirmar y reforzar el apoyo entusiasta de una parte abrumadoramente mayoritaria de la opinión pública y dar un aliento inédito a la mayoría de esa población catalana mayoritariamente no separatista tantas veces olvidada.

Tengo la convicción de que si el Rey actuase en la forma arriba descrita a la hora de ejercer el derecho de gracia, como es su prerrogativa, sucedería exactamente lo mismo y pondría en la picota la inconveniencia de los intentos de imposición de la minoría sobre la mayoría, haciendo pronunciarse a todas las altas instituciones del Estado afectadas por esta insólita crisis.