¿Fin de ciclo?

"Ni Dios puede cambiar el pasado", (Agathón, poeta griego, 446-401 A. de C.).

Sé que este artículo podrá disgustar a parte de mis lectores, pero como no tengo la costumbre de tratar de complacer a toda costa a tirios y troyanos mediante ejercicios de equidistancia disfrazada bajo el respetable manto de la "moderación", no creo que sea razón suficiente para abstenerme de publicarlo. A fin de cuentas, se trata de la expresión de una opinión personal sincera y meditada.

Tengo, por desgracia, la penosa impresión de que, siendo cada vez más las personas conscientes del extraordinario peligro que hoy corren tanto el proyecto constitucional de 1978 como la propia Nación española, son muy pocas las que pertenecen a esas exquisitas minorías selectas y demás gentes con mando en plaza que deberían ser, precisamente, las más profundamente perturbadas por la situación que padece nuestra patria.

Con su habitual y brillante capacidad de síntesis, Ignacio Ruiz Quintano describió ayer en ABC el siniestro plan sanchista para tratar de desmantelar el entramado institucional hasta ahora vigente: profanación masónica de la tumba de Franco, exilio incomprensible del Rey Juan Carlos y desactivación del papel del Rey Felipe del tres de octubre para tratar de arruinar su auctoritas por medio de indultos torticeros y dudosamente legales. Consciente de que el último bastión del régimen constitucional actual es precisamente Su Majestad el Rey Felipe VI, se trata ahora de degradar su papel institucional forzándole a avalar con su firma algo que es susceptible de enervar su valiente y decidida actuación del mes de octubre de 2017. En un espléndido artículo publicado ayer en ABC, Gabriel Albiac ha señalado que incluso lo que Dios no puede cambiar -como ya señaló Agathón hace más de veinte siglos-, sí puede hacerlo el Estado omnipotente en manos de villanos, de manera que, a partir de ahí, todo es posible en España.

La infame e interesada decisión del Gobierno de conceder indultos a delincuentes separatistas condenados por el Tribunal Supremo contra el criterio unánime tanto del Tribunal sentenciador como de la Fiscalía, no se limitará a ser un episodio bochornoso más de los que perpetra este gobierno apoyado en el Parlamento por los enemigos declarados de la Nación española: será, en cambio, el principio del desmantelamiento del entramado institucional que ha venido funcionando, mal que bien, desde 1978. Esos ataques frontales a la Monarquía parlamentaria y a la independencia del Poder judicial constituyen una más de las inicuas canalladas a las que el partido socialista obrero español nos tiene acostumbrados desde su fundación en 1879. 

Desde mi inalterable lealtad, no puedo sino lamentar que Su Majestad el Rey, con intención patriótica pero tal vez malaconsejado por los numerosos entusiastas del papel de fumar y de ese inane siperonó vacuo y equidistante, haya sancionado los designios gubernamentales con la encomiable intención de evitar males mayores que, por desgracia, creo que acabarán materializándose más pronto que tarde. Sólo queda por ver si el Poder judicial, único que podría impedir hoy por hoy el criminal despropósito, al estar mediatizado por intromisiones políticas en el sistema legal que rige sus nombramientos, acabará plegándose a los torpes designios gubernamentales. De ser así, ambas Instituciones podrían correr el riesgo de cometer sendos suicidios políticos que despejarían el camino a las ambiciones iconoclastas y totalitarias de un individuo despreciable y mendaz que en cualquier país normal ya estaría disfrutando de las inmerecidas comodidades de los modernos establecimientos penitenciarios.

Como los países tienen los gobiernos que su oposición se merece, apenas cabe albergar la muy remota e improbable esperanza de que sus principales responsables actuales tengan la dignidad y la visión política certera de retraerse de las instituciones con el fin que quede de manifiesto, con claridad y sin ambages, el surgimiento en España de una dictadura de izquierdas de hecho apoyada por menos de la mitad del censo electoral del país y conformada por una fuerza parlamentaria insuficiente. 

Como han anunciado diversos grupos políticos, se abrirá ahora un turno de recursos ante el Tribunal Supremo y, en última instancia, ante el Constitucional, del que cabría esperar que se pronunciara con mayor celeridad que, por ejemplo, sobre el tema del aborto. Esos recursos deberán versar sobre lo que a muchos se les antoja, con razón, una flagrante violación del orden constitucional que todas las instituciones del Estado y todos los mandatarios y funcionarios tienen el deber de guardar y hacer guardar, incluyendo por cierto a los miembros de las Fuerzas Armadas, a las que el artículo octavo de nuestra Constitución encomienda misiones como las de garantizar la soberanía e independencia de España, la defensa su integridad territorial y la de su orden constitucional.

Inútil decir que una vez más, porque desde luego no sería la primera, me alegraría extraordinariamente y de todo corazón estar equivocado en mi pronóstico.