Acoso a la justicia

España está atravesando el periodo más aciago de su historia reciente: se está poniendo en peligro el entramado institucional del Estado paso a paso pero sin pausa. Un individuo que ha dado pruebas reiteradas de su insolvencia intelectual y moral, con apenas 120 de los 350 diputados del Congreso, apoyado por 35 de los comunistas de UP y el de separatistas, nacionalistas y partidos de distintos pelajes, se ha empeñado en provocar un cambio de régimen que, si alguien no lo remedia, convertirá a España en una dictadura sanchicomunista. Por lo anterior, no es de extrañar que su gobierno trate de desprestigiar al único poder subsistente capaz de poner coto a sus proyectos totalitarios y así, cuando no se trata de desprestigiar al Tribunal Supremo se pone en la picota al Constitucional e incluso a los tribunales superiores de justicia de determinadas comunidades autónomas.

Hace un mes escribí en este medio: "De un gobierno que reprocha al Tribunal Supremo del país que desgobierna que no haya tenido en cuenta "aspectos políticos" en sus resoluciones judiciales cabe esperar cualquier cosa, como la de que su Ministro de Justicia, magistrado (!), afirme que se puede conceder el indulto por delitos que aún no han sido sentenciados, sin tener en cuenta que el artículo primero de la Ley sobre el Ejercicio de la gracia de indulto de 1870 establezca que "Los reos de toda clase de delitos podrán ser indultados, con arreglo a las disposiciones de esta Ley, de toda o parte de la pena en que por aquéllos hubiesen incurrido" de manera que sin pena no hay posibilidad de indulto o como la de que su Vicepresidenta primera afirme que España viene padeciendo nada menos que "dos siglos de fascismo", uno antes, por lo visto, de que inventara el término, y se quede tan ancha pese a su supuesta "expertitud" en derecho constitucional con una tesis que censuraba el abuso de los reales decretos-leyes". Ambos genios de la ciencia jurídica han sido cesados pero he aquí que otra magistrada, hoy ministra de Defensa, nos sale con que el Tribunal constitucional ha de tener "sentido de Estado", lo que, convenientemente traducido, significa "hacerle el juego al gobierno", con independencia de si su actitud se ajusta o no a Derecho.

Se reprocha al constitucional que su decisión haya sido adoptada por mayoría de un voto, olvidando que, en los ochenta, en el caso Rumasa el empate lo deshizo el voto de calidad del presidente quien, asqueado, no tardó en marcharse de España. En este caso, además y para más inri, quienes han votado a favor de la inconstitucionalidad de determinadas medidas del estado de alarma han sido algunos magistrados supuestamente "progresistas".

Lo que me parece sorprendente en esta insólita situación es la tibieza que manifiestan algunas altas instituciones del Estado: reducido el Monarca, suprema garantía del orden constitucional, a una irrelevancia cada vez más acusada y más mansamente aceptada, no creo que los demás garantes de la Constitución estén ni se les espere y así nos irá si alguien no tiene la gallardía de impedirlo.