La lentitud de la justicia

Hay dos elementos que lastran el sistema institucional español y lo hacen inviable: una ley electoral absurda y un Tribunal Constitucional inoperante. La primera confiere una extraordinaria sobrerrepresentación a minorías nacionalistas sin relevancia en el mapa político nacional y el segundo suele resolver a toro pasado, algo que nada soluciona y todo lo complica, por lo que no se ve qué necesidad hay de tener semejante bodrio partidista inoperante que resuelve cuando ya no hay remedio y no resuelve lo que lo tendría que solucionar.

En cierta ocasión intervine en Oslo como intérprete en un juicio a un español por un presunto delito de contrabando. Tras oír al agente de aduanas que comparecía como testigo, solicité al presidente del tribunal continuar como abogado defensor del español. Me preguntó si tenía conocimientos de derecho y le contesté que era licenciado en Derecho en España y que acababa de superar el primer curso de Derecho en la universidad de Oslo con la máxima nota. Me dijo que no tenía inconveniente, pero que le entregara el papel que me habían dado a la entrada para sustituirlo por otro con el que cobraría tres veces más que como intérprete. Tras mi intervención, el tribunal, compuesto por un presidente y dos jueces legos se retiró a deliberar y a las quince minutos leyó su sentencia, que absolvió al acusado e impuso las costas a la Administración. A la salida, presenté el "papel" en una ventanilla y cobré en efectivo una sustanciosa cantidad.

En otra ocasión, presencié una vista en Londres en la que se se juzgaba a un individuo que había agredido física y sexualmente a la agente que vigilaba su libertad condicional. Terminada la vista, el juez se retiró a deliberar y a los diez minutos se dirigió al acusado y le dijo: "es usted la hez de la sociedad (the dregs of society) y multireincidente; se ha permitido atacar a su benefactora y yo voy a impedir que continúe con su carrera delictiva porque le sentencio a cadena perpetua (life imprisonment)". 

Estos dos ejemplos demuestran la utilidad de una justicia rápida, que es una de las características de las que carece la española; por eso yo aconsejaría a quienes se vean envueltos en tratos con la justicia que elijan al mejor abogado procesalista que puedan contratar.

Se está demorando más de la cuenta la entrada en vigor de una nueva Ley de enjuiciamiento criminal. La actual data de 1882. No es de extrañar si se tiene en cuenta que este gobierno tiene tareas más urgentes y de mayor entidad que acometer: memoria histórica, "sí es sí", transgénero y demás cometidos de innegable urgencia.