La Abogacía del Estado

El gobierno socialcomunista ha venido empeñándose desde un principio en neutralizar todos cuantos poderes del Estado puedan obstaculizar sus aspiraciones totalitarias, pero también en degradar todas las instituciones prestigiosas que se puedan interponerse en sus designios, desde la AIREF, el CIS, el Instituto Nacional de Estadística, el Banco de España, el Consejo de Estado, la Fiscalía general del Estado, el Parlamento hasta los grandes cuerpos de la Administración. Es lo que suele suceder cuando un gobierno "democrático" no cree en la democracia y sí en sus proyectos totalitarios excluyentes.

El caso de la Abogacía del Estado es paradigmático. Estuvo en el punto de mira del Gobierno cuando le contradijo al considerar que, siquiera para preservar la soberanía jurisdiccional española, no se trataba de un "asunto particular" la defensa del juez Llarena, como sostuvo el Gobierno,  y postular que debía defenderle en la querella que Puigdemont y otros le interpusieron ante la justicia belga. Tampoco conviene olvidar la destitución de Edmundo Bal a raíz de su negativa a calificar como sedición lo que él consideraba que era un delito de rebelión en el caso de los líderes del proceso separatista. 

En un artículo publicado ayer en "El Mundo", Araceli Mangas señaló que la Abogacía del Estado, en nombre del gobierno español, en un ámbito que no es de competencia gubernamental como el de las órdenes de detención europeas hizo una declaración infundada al afirmar que ningún tribunal de la Unión podría ejecutarlas hasta que el Tribunal de la Unión no se hubiera pronunciado.

En el caso Ghali, el juez ha rechazado la insólita petición de la Abogacía del Estado, que ha solicitado el archivo de la causa por ser todo lo investigado "plenamente legal", de apartar a la acusación y a los denunciantes de la causa o de imponerles alternativamente una fianza de 150.000 €. 

En cuanto a la solicitud del Tribunal de Cuentas de que la Abogacía informara  sobre la legalidad de los avales de la Generalidad a las fianzas impuestas a los líderes del proceso separatista, ésta se ha negado a emitirlos alegando una argucia jurídica de poco nivel, contradictoria y muy poco convincente.

Trabajé un año como Abogado del Estado sustituto en Exteriores a las órdenes de dos jóvenes abogadas del Estado y admiro profundamente la solidez y precisión de sus conocimientos jurídicos, particularmente en los campos del derecho administrativo y financiero-tributario. Tengo, además, buenos amigos en ese Cuerpo. Por todo ello, tengo de él la más alta opinión y la más baja de quien actualmente lo dirige tratando de degradarlo y ponerlo al servicio de intereses gubernamentales espurios. Lo mismo puedo decir de de la Carrera diplomática, en la que hoy me alegra mucho no estar en activo por su politización.