Ante una situación crítica

Cada vez que almuerzo con amigos y conocidos y conversamos sobre la situación crítica que hoy atraviesa España acabo deprimido porque la inmensa mayoría de ellos, gentes de valía intelectual y moral de importantes trayectorias y puestos relevantes en el ejército y la judicatura, piensa que no tiene arreglo, básicamente porque quien podría y debería tratar de arreglarla no parece estar en disposición de intentarlo.

Yo debo tener un grado de ingenuidad extraordinario para pensar que quien puede y debe poner fin a esa deriva delictiva e inconstitucional en la que se encuentra España tendrá, en algún momento, el valor de hacerlo, siquiera porque creo que cuando el poder legislativo y el ejecutivo se conchaban para intentar lo que la doctrina alemana denomina "quebrantamiento constitucional" y encima consiguen el aval torticero de un tribunal "constitucional" dócil, sectario y complaciente, puede producirse una situación anómala y anómica que exige grandes remedios que, por mucho que lo sean, siempre serán menos nocivos que los de quienes quieren trastocar el orden constitucional por la puerta de atrás, sin siquiera tratar de aplicar los mecanismos lícitos que lo harían posible. Por eso pienso que ese intento de quebrantamiento merece una respuesta a la altura del famoso aforismo de Carl Schmitt según el cual "soberano es el que declara el estado de excepción".

Lo explicó claramente Antonio Gramsci: "(debemos) infiltrarnos dentro de la sociedad, infiltrarnos dentro de la iglesia, infiltrarnos dentro de la comunidad educativa, lentamente e ir transformando y ridiculizando las tradiciones que se han sostenido históricamente a fin de ir destruyéndolas formando la sociedad que nosotros queremos".

Esa técnica aparentemente rudimentaria, pero que ha demostrado su eficacia, viene llevándose a cabo sistemáticamente en España sin que quienes deberían haberla advertido primero para tratar de atajarla después, parezcan haberse percatado de su peligrosidad. Hoy, esa legión de infiltrados ya ocupa puestos de relevancia en el Gobierno y podría tratar de poner en cuestión la legitimidad del régimen constitucional surgido de la Transición por el supuesto pecado original de su origen franquista y ante ese intento sólo cabría recurrir a una contundencia inequívoca porque, en este tipo de situaciones límite, los paños calientes suelen agravarlo.