Abogacía del Estado a la deriva

La ministra de Igualdad (?), Irene Montero, antes de volver a incorporarse a las altas tareas de gestión de cajas de supermercado,  ha sido demandada por el marido de una condenada por secuestrar a su hijo al que tachó de maltratador en un acto público. Pues bien, su defensa correrá cargo de la Abogacía del Estado porque "las declaraciones de Montero tuvieron lugar en el transcurso de un acto que estaba incluido en su agenda pública como ministra". En la práctica, esto le permitirá no gastar ni un sólo euro de su bolsillo, y seremos los españoles los que sufragaremos los gastos ocasionados por tener que hacer frente a un pleito que nace de su obsesión por considerar "madres protectoras" a todas las mujeres que secuestran a sus hijos.

En efecto, el artículo 46 del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado establece que "Las autoridades, funcionarios y empleados del Estado, sus organismos y entidades públicas, a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, y órganos constitucionales podrán ser representados y defendidos por el Abogado del Estado ante cualquier orden jurisdiccional en los supuestos en que se dirija contra ellos alguna acción como consecuencia del legítimo desempeño de sus funciones o cargos, o cuando hubieran cumplido orden de autoridad competente."

Se necesita mucha villanía para considerar que una acusación manifiestamente infundada de una ministra encaje en el legítimo desempeño de sus funciones o cargos. Dudo que en tiempos de la ominosa dictadura hubiera un solo Abogado del Estado dispuesto a aceptar el encargo, pero ya se sabe que en tiempos de la luminosa democracia los funcionarios públicos han perdido cualquier rastro de dignidad que les permita denunciar un intento de instrumentalización espúreo como el que les impone un gobierno socialcomunista.

Ya sólo nos falta ver a la antaño prestigiosa Abogacía del Estado defender a un acusado de delito de rebelión porque su comisión se llevó a cabo "en el legítimo desempeño de sus función o cargo". Como en algo parecido anda ya el Tribunal de Cuentas (más bien cuentos) tras haber sido ocupado por el PSOE con la complacencia de ese genio de la política llamado Pablo Casado, no cabe descartar que así sea. Es cuestión de tiempo.