¿Desjudicializar?

Mi buen amigo Gonzalo Quintero, prestigioso catedrático de derecho penal ha publicado en elliberal.cat un importante artículo titulado "Desjudicializar", enigmático y preocupante neologismo. En él ha escrito lo siguiente "Vayamos a la idea de "desjudicializar", palabra que no existe ni en castellano ni en catalán. Judicializar es renunciar a la negociación y optar por trasladar al proceso civil o penal una diferencia entre partes. Lo contrario sería, por lo visto, trasladar a la negociación privada lo que ahora está sometido a la jurisdicción penal o contencioso-administrativa. Claro está que surge un problema no pequeño, cual es la competencia de la jurisdicción penal que actúa por razón de delito, y, por lo tanto, no es un servicio de utilización facultativa cuya intervención se pueda cancelar cuando convenga".

"La idea de evitar el recurso al derecho penal es merecedora de aplauso, salvo que la "motivación independentista" se transforme en una especie de excusa absolutoria que cubra y disculpe cualquier clase de deslealtad constitucional constitutiva de delito, por grave que sea, lo que comienza por poner en práctica la negativa a reconocer la vigencia de la Constitución y negarse a reconocer el derecho del Estado y la jurisdicción de los Tribunales, comenzando por el Tribunal Constitucional, lo cual, por supuesto, puede hacerlo cualquiera como parte de su libertad de opinión y expresión, pero no es admisible como línea política "oficial" que se justifica con la negación de la existencia del Estado, al que se trata como "invasor temporal".

"Así las cosas, es evidente que la expeditiva vía de derogar los delitos de rebelión, sedición y malversación (también este, pues al parecer gastar el dinero público en la causa independentista no es lo mismo que desviarlo de su destino legal), sin que ninguna otra norma, de diferente formulación, claro está, ocupe su lugar, no es practicable, además de la inadmisible idea de que el derecho penal ha de ser diferente para los políticos, que es la conclusión a la que se llegaría si, por ejemplo, se entiende que la malversación ha de ser atípica si el dinero distraído va para la causa de la independencia (y esa es una de las peticiones que circulan), y faltaría analizar el impacto sobre todos y cada uno de los procesos penales por malversación que estén abiertos en España".

Por lo que respecta a "la inadmisible idea de que el derecho penal ha de ser diferente para los políticos", me permito recordar que algunos delitos como el de desobediencia o el de falsedad tienen diferentes consecuencias penales según quién lo cometa: si se trata de autoridades o funcionarios públicos incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, pero si se trata de particulares incurren en pena privativa de libertad.

En todo caso, los intentos de desjudicializar la actividad política no tienen otro objetivo que sustraer a los políticos de las consecuencias penales de sus actos, una idea aberrante, como bien señala el profesor Quintero.