Aborto y eutanasia

La inminente reforma del reglamento de la ley de extranjería (pomposamente llamada "ley orgánica de derechos y libertades de los extranjeros en España") supondrá la regularización de 550.000 inmigrantes ilegales, la diferencia entre los extranjeros no comunitarios empadronados en España y los provistos de documentación en regla (3.850.000 frente a 3.300.000). Entre 1985 y 2005 se regularizó a más de 1,2 millones de extranjeros, una anomalía que ha producido sin duda un poderoso "efecto llamada", es decir, lo contrario de un efecto disuasorio como el aplicado en Australia, que pasó de 300.000 ilegales al año a cero mediante el sencillo expediente de deportar a determinadas islas del Pacífico a todo aquel que accedía irregularmente a territorio australiano.

No faltarán imbéciles que asegurarán que nuestras regularizaciones contribuyan a compensar los efectos de nuestra tasa de natalidad, una de las más bajas del mundo: cuando debería estar por encima de dos hijos por mujer -simple tasa de reemplazo- la nuestra es de 1,19, sólo por detrás de la de Malta y seguida de cerca por Italia. A su vez, la tasa de dependencia se duplicará en el periodo comprendido entre 2019 y 2050, lo que augura un futuro aterrador.

Así las cosas, nuestro país necesitará acoger al menos a 190.000 inmigrantes al año para que el sistema de la Seguridad Social sea sostenible. Mientras tanto y paradójicamente, el gasto destinado a ayudar a mujeres embarazadas es diez veces menor que el del negocio del aborto (3,4 millones frente a 32,2 millones de euros, muy lejos, eso sí, de los 1.000 millones de dólares que el negocio genera en Estados Unidos). Mientras el porcentaje medio del PIB destinado a la familia es en Europa del 2,2 % en España apenas alcanza el 1,3. Aquí abortan más de 100.000 mujeres al año, pese a la existencia de medios anticonceptivos de bajo coste y, sobre todo, la de un elevado número de solicitantes de adopción que ven frustrados sus deseos de adoptar.

El apoyo de los países "avanzados" al aborto tiene una explicación: resulta menos gravoso que el gasto que supone un nacimiento (atención médica, educación, ayudas sociales etc.), de manera que dichos países lo apoyan por razones meramente actuariales, como también apoyan determinados políticos acelerar el fallecimiento de los ancianos. Así, el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, ha afirmado que "en estos días, los abuelos deberían sacrificarse para salvar la economía estadounidense; deben morir", Christine Lagarde considera que "los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global". Tampoco se queda atrás el Ministro de Finanzas japonés, Taro Aso, quien pide a los ancianos "que se den prisa en morir para que el Estado no tenga que pagar su atención". Son las dos caras de la misma moneda: la muerte como solución financiera.

Mientras tanto, nuestro gobierno ha conseguido que nuestro país haya sido aquel cuya la renta per capita haya disminuido más en la Unión Europea el año pasado, concretamente en 960 euros. Sólo falta fomentar aún más el aborto y la eutanasia para que todos nuestros males económicos se disipen como por encanto.