La nacionalidad española a precio de saldo


Hay pocos países en el mundo, si es que hay alguno, que sean más laxos que España en cuanto a los requisitos que exigen para acceder a su nacionalidad. Cuando ejercí funciones consulares, me vi obligado a reconocer la nacionalidad española a personas que no hablaban una palabra de nuestra lengua, no habían pisado nunca territorio español y no sabían nada de nuestra historia y cultura. Tampoco creo que haya algún país del mundo en el que sea más difícil la pérdida de la nacionalidad: el artículo 26 del Código civil preceptúa que "1. Quien haya perdido la nacionalidad española podrá recuperarla cumpliendo los siguientes requisitos:

a) Ser residente legal en España. Este requisito no será de aplicación a los emigrantes ni a los hijos de emigrantes. En los demás casos podrá ser dispensado por el Ministro de Justicia cuando concurran circunstancias excepcionales. (!)

b) Declarar ante el encargado del Registro Civil su voluntad de recuperar la nacionalidad española.

c) Inscribir la recuperación en el Registro Civil."


Como puede comprobarse, Santa Rita Rita Rita, lo que se da no se quita.


Teniendo en cuenta todo lo anterior, en cierta ocasión propuse al Ministerio que dado que la nacionalidad española se otorgaba gratuitamente o a precio de saldo, tal vez convendría ponerla a la venta a precios elevados que millares de extranjeros pudientes no dudarían en pagar.


A todo lo anterior se va a unir ahora una nueva aberración derivada de la entrada en vigor de la llamada Ley de memoria democrática. Para empezar, el artículo 34 de dicha norma preceptúa que "a los efectos del artículo 21.1 del Código Civil se entiende que concurren circunstancias excepcionales en los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales que participaron en la Guerra de 1936 a 1939 para la adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza, no siéndoles de aplicación la exigencia de renuncia a su anterior nacionalidad requerida en el artículo 23, letra b, del Código Civil". Ya en 1996 se publicó Real Decreto 39/1996, de 19 de enero, sobre concesión de la nacionalidad española a los combatientes de las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil española que no tuvo en cuenta el requisito de renuncia a la anterior nacionalidad de los solicitantes, por lo que, doce años más tarde, el 1792/2008, de 3 de noviembre, que fue sorprendentemente "sometido a consulta de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales", suprimió dicho requisito a los heroicos brigadistas extranjeros que participaron en nuestra guerra civil y además estableció que la solicitud se podría ejercer sin límite de plazo, por lo que no acabo de ver la necesidad de promulgar una norma redundante y, por ende, innecesaria. 


Pero lo grave es que la disposición adicional octava de dicha malhadada norma establece que "los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia, renunciaran a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil". No sé cómo gestionarán nuestros consulados la exigencia de "haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia", pero sospecho que alguna dirección general determinará que será suficiente la declaración del interesado. Tampoco se exigirá un simple certificado de antecedentes penales.


Este gobierno se las promete muy felices porque espera que aumente su número de votantes, cosa que no tengo nada claro. Lo que sí tengo claro es que habrá una avalancha de solicitudes de pensiones asistenciales que agravarán los ya alarmantes déficits de nuestra maltrecha Seguridad social, pero como dijo una lumbrera socialista "el dinero público no es de nadie".


No paramos de mejorar.

Comentarios

  1. Todas las normas actuales tienden a que se pueda pedir dinero o a crear órganos para colocar a gente y que lo reciba

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  2. 500.000 nuevos ciudadanos agradecidos, más el voto por correo, son para Sánchez lo que fueron para Zapatero los atentados de los trenes de Atocha.

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